Buenos Aires, 22 feb (EFE).- Al menos 50 personas han resultado muertas y 675 heridas, unas 200 de gravedad, en el accidente ferroviario que sacudió hoy Argentina y cuyas causas continúan sin ser determinadas, según los últimos datos oficiales.

Las cifras fueron confirmadas por Claudio Ayruj, subsecretario de Derechos Humanos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, quien admitió que aún no han sido identificadas todas las víctimas.

El accidente se produjo a las 8.30 hora local (11.30 GMT), cuando un tren procedente de la localidad bonaerense de Moreno no pudo frenar y se estrelló contra un tope de vía en la estación de Once, una de las tres más importantes y concurridas de Buenos Aires.

El convoy, compuesto por ocho vagones, estaba abarrotado, con unos 1.500 pasajeros, en su mayoría trabajadores que se dirigían a sus empleos en Buenos Aires.

Más de quince horas después del siniestro, decenas de personas continúan tratando de localizar a familiares y amigos que viajaban en el tren accidentado y cuyo paradero se desconoce.

A medida que avanza la noche aumentan las voces críticas sobre la precariedad del sistema de transporte colectivo y la necesidad de depurar responsabilidades por la tercera mayor tragedia ferroviaria del país.

Dirigentes sindicales han denunciado que el tren tenía entre 40 y 50 años de antigüedad y había permanecido durante dos meses parado por problemas mecánicos.

El gobierno de Cristina Fernández, que ha decretado dos días de duelo nacional y ha suspendido los festejos por el carnaval previstos para el próximo fin de semana, ha anunciado que desarrollará una investigación en profundidad.

Fernández expresó en un comunicado su "profundo pesar" por la tragedia y envió sus "condolencias" a los familiares de las víctimas.

El secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, admitió que los dos primeros vagones -los más afectados por el impacto- estaban saturados, lo que provocó que el accidente "tomara el ribete de una tragedia de muchísima gravedad".

"El tren entró a una velocidad habitual. Ahí está la parte del accidente, la incógnita o la responsabilidad. No sabemos qué ocurrió en los últimos 40 metros. El conductor estaba en su puesto y el tren no paró", dijo el funcionario en rueda de prensa.

Más de un centenar de ambulancias y dos helicópteros participaron en las tareas de rescate para evacuar a los heridos a distintos hospitales de la ciudad.

Los equipos de rescate trabajaron durante más de cuatro horas en la estación y tuvieron que cortar los techos de los vagones para evacuar a las víctimas.

Testigos del accidente han relatado que, como es habitual en los trenes de cercanías que utilizan cada día decenas de miles de trabajadores para llegar a Buenos Aires, varios vagones tenían las puertas abiertas.

"Desde el momento en que una formación sale con las puertas abiertas, todos los días miles de personas viajan con riesgo de vida. Esto está ocurriendo y venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo que eso no debe ocurrir y es lo que tiene que cambiar", denunció hoy Eduardo Mondino, exdefensor del Pueblo argentino.

A su juicio, "esto no es un accidente, tiene responsabilidades políticas y funcionales".

Para el economista Leopoldo Markus, en el fondo de esta tragedia está la política de privatización que se generalizó en los años 90 y la falta de inversiones y de control por parte de la administración.

El cineasta y opositor Fernando "Pino" Solanas, afirmó que "hace años que la presidenta escucha, lee y ve estas denuncias y no hace nada".

Este nuevo accidente ferroviario es "responsabilidad de un sistema ferroviario vigente desde la época de Menem (el expresidente Carlos Menem, 1989-1999) y que continúa con el gobierno actual", agregó Pino, director del documental "La última estación", una denuncia del desmantelamiento de la red pública de ferrocarril.

Las críticas por el deterioro del sistema de transportes inundaron hoy las redes sociales en Argentina, que se convirtieron también en un valioso instrumento para tratar de ayudar a los familiares a encontrar a las víctimas.

Los diamantes de Zimbabue, que ya destilan sangre, pueden llegar a ser todavía más sangrientos.

Según un nuevo informe de Global Witness, hay crecientes evidencias de que Robert Mugabe está escondiendo las ganancias de las gemas para financiar la violencia en las próximas elecciones.

Los responsables de las minas de diamantes leales a Mugabe están desviando en secreto millones libres de impuestos obtenidos por las minas de diamantes del país a paraísos fiscales como Mauricio, Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas, de acuerdo con las investigaciones realizadas por el grupo activista.

Lucrativos yacimientos aluviales de diamantes de Zimbabue en el valle oriental de Marange, están ahora bajo el control de Mugabe y de su partido ZANU-PF, con gerentes de las minas que incluyen a policías actuales y jubilados y a oficiales militares.

Esto hace temer que una parte del dinero se utilizará para financiar la violencia y la intimidación en la inminente campaña electoral.

“Si las próximas elecciones van acompañada de violencia hay un riesgo real de que cualquier derramamiento de sangre esté financiado por los ingresos que proceden de los diamantes”, declara Nick Donovan, un investigador senior de Global Witness.

"Zimbabue necesita desesperadamente ingresos de los diamantes para los servicios sanitarios y educativos, no para los AK47 y para los coches deslumbrantes de la élite”, dice Donovan. " Zimbabue debe garantizar que las empresas de extracción de diamantes no se utilizan como una fuente de ingresos fuera de presupuesto por leales del ZANU-PF del ejército y de la policía.

Las elecciones de Zimbabue de 2008 estuvieron marcadas por la violencia generalizada ejercida por la policía de Mugabe, el ejército y las milicias, según Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otros grupos independientes de derechos humanos.

El Gobierno de Mugabe ha empezado a establecer campamentos del ejército y milicias en todo el país, aumentando los temores de que planea dar rienda suelta a una nueva ronda de violencia, financiada por el dinero de los diamantes, para coaccionar a los votantes de que apoyen a Mugabe y a su partido gobernante, el ZANU-PF.

Mugabe ha hecho un llamamiento para que las elecciones de 2012 pongan fin a la problemática coalición de tres años con el ex líder de la oposición Morgan Tsvangirai.

Desde que en el año 2003 se descubrieron por primera vez los campos de diamantes de Marange las piedras preciosas extraídas se han vendido por más de mil millones de dólares. Los diamantes que quedan valen miles de millones, de acuerdo con expertos en minería.

Mugabe no dejó esa riqueza sola. Su Gobierno canceló el contrato de arrendamiento minero de una empresa británica y en 2008 el Ejército se apoderó del control de los yacimientos de diamantes, utilizando helicópteros artillados y tropas contra los mineros civiles de Zimbabue.

Unas 200 personas murieron y muchas otras resultaron heridas y torturadas cuando el Ejército acordonó los campos de diamantes, de acuerdo con los grupos de derechos humanos.

Las concesiones de diamantes se han asignado a empresas controladas por los leales a Mugabe, entre ellos oficiales del Ejército y la Policía, tanto jubilados como activos. Según denuncian los grupos de derechos humanos, las condiciones de la violencia y las condiciones de trabajo en régimen de esclavitud continuarán en las minas de diamantes.

A pesar de la evidencia de que los diamantes de Zimbabwe se extraen con violencia y están financiando los abusos del régimen de Mugabe, el organismo internacional de regulación de diamantes, el Proceso Kimberley, ha aprobado su venta en el mercado internacional.

El año pasado, Global Witness se retiró del Proceso Kimberley al considerar que la entidad no debería haber dado su sello de aprobación a los diamantes de Zimbabue.

¿Dónde han ido a parar los beneficios de los diamantes de Zimbabue?

El ministro de Finanzas, Tendai Biti, informa que este año la hacienda pública ganará 600 millones de dólares de los diamantes, una cifra muy por debajo de lo que los expertos dicen que debería ser. Biti dice que necesita más dinero de los diamantes para pagar a los maestros y a otros empleados civiles que han estado en huelga.

Los beneficios de los diamantes están siendo canalizados a empresas en Mauricio, Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas, de acuerdo con las investigaciones de Global Witness. Estos paraísos fiscales libres de impuestos permitirán a las empresas ocultar la corrupción, la evasión fiscal y el gasto desorbitado en Zimbabue fuera del presupuesto nacional.

De acuerdo con Global Witness, una empresa de diamantes es la compañía china de minería y construcción, Anjin, y su junta directiva incluye a altos cargos policiales, militares y funcionarios del Ministerio de Defensa.

Una de las mayores empresas de diamantes, Diamantes Mbada, opera detrás de "una estructura empresarial compleja y opaca", dice Global Witness.

Un ex alto funcionario de la Fuerza Aérea de Zimbabue tiene una participación del 25 por ciento en Mbada. Ninguna de estas empresas ha publicado la información financiera para mostrar que se beneficiaron de las ventas de diamantes.

Global Witness continúa instando a la industria de los diamantes del mundo a detener el comercio de diamantes que financia los abusos de derechos humanos.

Global Witness recomienda que el Gobierno de Zimbabue debería aprobar una ley que prohíba a los miembros del sector de la seguridad de Zimbabue ejercer ningún control sobre las empresas mineras - incluyendo ser los propietarios beneficiarios de las filiales de las empresas que operan en el sector del país.

Debería haber una auditoría inmediata de todas las concesiones de diamantes concedidas hasta el momento en Marange y deberían publicarse los datos de los propietarios, incluyendo a las compañías Mbada y  Anjin.

A esto se suma que la acción del Gobierno de cerrar 29 organizaciones no gubernamentales, incluyendo a Care Internacional, que opera en la provincia clave de Masvingo, ha añadido todavía más preocupaciones en torno a las próximas elecciones de Zimbabue.

El régimen de Mugabe suspendió las operaciones de las organizaciones no gubernamentales antes de las elecciones de 2008, impidiendo que las zonas rurales recibiesen la tan necesaria ayuda alimentaria y permitiendo al gobierno dar rienda suelta a la violencia y a la intimidación sin el peligro de ser denunciados por grupos independientes.
 

NUEVA DELHI, 23 (EUROPA PRESS)

Al menos nueve soldados han muerto por las dos avalanchas de nieve ocurridas en la madrugada del jueves en los distritos de Bandipora y Ganderbal, ubicados en el norte de la región india de Cachemira.

Una avalancha ha sacudido el cuartel del Ejército de India en la localidad de Gurez, ubicada en Bandipora. "De momento hemos recuperado seis cadáveres, pero es probable que sean más porque podría haber más soldados bajo la nieve", ha dicho el teniente coronel JS Brar, portavoz militar.

Otra avalancha ha sepultado el campamento militar ubicado en la localidad de Sonamarg, en Ganderbal. "Han muerto tres soldados", ha indicado Brar, en declaraciones recogidas por el diario 'Times of India'.

Una tercera avalancha ha destruido una decena de viviendas en Ramwari, también en Ganderbal, pero no ha causado ningún herido, ya que se trata de una zona habitada por pastores nómadas que se trasladan allí en verano.

En Ganderbal, las autoridades se preparan para realizar una explosión controlada en la nieve que ha quedado acumulada para evitar que su deshielo provoque inundaciones en las zonas más bajas.

El régimen sirio afirma que las bandas armadas son las responsables de los actuales disturbios que sacuden al país. Los manifestantes dicen que las fuerzas militares y de seguridad han acallado miles de llamadas pidiendo la libertad y el cambio de régimen. La comunidad internacional observa.

Por su parte, sobre el terreno, están surgiendo profundas divisiones sobre quién tiene razón y quién está equivocado y sobre qué le espera a Siria a partir de ahora.

"Yo vivo en Berzah, vi lo que pasó esta mañana", dice Sari, refiriéndose a la incursión de las fuerzas de seguridad en las afueras de Damasco, en las primeras horas del 14 de febrero. “Ellos (la seguridad) sabían exactamente lo que querían. Entraron en las casas de las personas que han cometido delitos".

Sari es parte de la comunidad circasiana (habitantes de la Circasia histórica, territorio que ocupaba prácticamente la mitad oeste del Cáucaso Norte hasta el siglo XIX) que cuenta con más de 40.000 integrantes en Siria. Al igual que muchos otros de las minorías en Siria, Sari apoya el régimen del presidente Bashar al Asad.

"Desde mi balcón veo lo que está sucediendo. Los manifestantes disparan a las fuerzas de seguridad y ellos responden", dice.

Sari, de 20 años, trabajó como redactor en un periódico editado en inglés hasta el año pasado, cuando se cerró debido a la caída de los ingresos por publicidad.

“La oposición y los manifestantes quieren fuera al presidente, pero ¿cuál es su plan después? Van a la televisión y gritan acerca de la situación en Siria, mientras se sientan en el Cairo o en Londres. Yo estoy aquí -. Veo lo que pasa y sé la verdad”.

Sari recuerda cómo los miembros de la oposición siria han pedido que Farouk Shara, el vicepresidente de Siria, se haga cargo temporalmente de la presidencia y lidere un gobierno de transición, pero considera que debido a que él trabajó con el último presidente, Hafez al Asad, no es un candidato ideal. “¡Es peor que Bashar!" dice.

“La semana pasada estuve viendo la cadena Al Arabiya y el presentador se puso casi histérico hablando de los proyectiles que caían sobre la ciudad. Mostraban un vídeo en directo de la ciudad -. No había nada en la pantalla", dice Sari.

Barrios de la ciudad central de Homs han sido objeto de casi dos semanas de bombardeos por parte de las fuerzas del régimen. Los activistas dicen que más de 300 personas, entre ellas decenas de mujeres y niños, han muerto desde que el 3 de febrero comenzó la ofensiva contra las zonas que acogen a los miembros del llamado Ejército Libre de Siria.

“No hemos llegado al punto de la guerra civil todavía y no creo que lo hagamos”, dice. “Creo que el régimen va a sobrevivir. La oposición es demasiado débil y dividida”.

En la ciudad, en un café de gama alta, Salem, de Midan, un área conflictiva de Damasco, ve tanto al régimen como al futuro de Siria con una perspectiva totalmente diferente.
“¿Crees que está bien que un régimen que mata a su propio pueblo permanezca en el poder?” pregunta.

Salem vende generadores y dice que el negocio es actualmente bueno, en gran parte debido a los cortes de energía que plagan Damasco y a sus ciudades circundantes. "Pero estoy vendiendo más las baratas que otras”, añade.

Una ley temporal, que prohibió las importaciones que estuvieran gravadas en un cinco por ciento o más "nos demostró a todos nosotros, los empresarios, hasta qué punto el régimen es estúpido y retrógrado”, explica. La ley, presentada el pasado mes de septiembre, fue cancelada 11 días después tras un escándalo público.

“Basar tuvo una oportunidad en el inicio de la revuelta de comenzar un cambio real, había una ventana para la oportunidad, pero él desperdició su oportunidad”, dice Salem.

“La única manera es a la guerra civil. No existe una solución. Viví con muchos alauitas durante dos años cuando estaba haciendo el servicio militar en Aleppo. Sé lo que piensan. Tienen algo en su interior, un odio contra los sunitas e incluso contra los chiítas. Piensan que  están siendo atacados y lucharán hasta la muerte”, asegura.

Los alawitas son una rama del Islam chiíta, y representan alrededor del 12 por ciento de la población siria. El liderazgo del país proviene primordialmente de la minoría alauita.

Salem también cree que Bashar y su violento hermano, Maher, son los únicos responsables de la violencia ejercida por las fuerzas del régimen contra los manifestantes.

“El día del atentado en Midan las calles se cerraron desde cuatro horas antes”, dice, refiriéndose al bombardeo del 6 de enero que mató a 25 personas y dejó decenas de heridos más. Las autoridades sirias afirman que Al Qaeda realizó el ataque, que tenía como objetivo una comisaría cercana. “Estaban preparando la escena”.

Si Siria entra en su duodécimo mes de la revuelta, todos los riesgos que envuelve la violencia sacudirán al movimiento de protesta. Salem no es optimista. “No hay una solución. Estamos en el camino hacia la guerra civil”.

Washington, 23 feb (EFE).- El soldado Bradley Manning escuchará hoy los cargos de los que se le acusa por la filtración de miles de documentos clasificados a la página WikiLeaks, antes de que se enfrente a un consejo de guerra que se prevé comenzará en mayo.

La audiencia de lectura de cargos tendrá lugar en Fort Meade, en Maryland (EE.UU.), al igual que la vista preliminar que se realizó en diciembre pasado para determinar si el caso debía seguir la Justicia ordinaria o someterse a un tribunal militar.

Si bien se espera que la presencia de Manning en la sala del tribunal sea breve, supone el paso previo antes de que comience el juicio, lo que, según la red de apoyo al soldado (http://www.bradleymanning.org), se espera para mayo.

El comandante del Distrito Militar de Washington, el general de división Michael Linnington, ordenó el 3 de febrero que una corte marcial abriera un consejo de guerra ordinario a Manning por considerar que existen motivos para creer que el acusado cometió graves delitos, como el de "ayuda al enemigo", por lo que podría ser condenado a cadena perpetua.

El teniente coronel Paul Almanza, presidente del tribunal castrense que celebró la vista preliminar sobre el caso, y el coronel Carl Coffman, comandante de la guarnición de la Base Conjunta Myer-Henderson Hall, habían enviado recomendaciones a Linnington en favor de un juicio militar para el soldado.

Los otros cargos contra Manning incluyen robo de bienes públicos y documentos, difundir información relativa a la defensa y la violación del reglamento del programa de seguridad de información de las Fuerzas Armadas.

En la audiencia preliminar de diciembre, la acusación presentó testimonios y pruebas informáticas que, en su opinión, demuestran que Manning transfirió más de 700.000 documentos clasificados a la red WikiLeaks, fundada por el australiano Julian Assange.

La defensa de Manning, dirigida por el abogado David Coombs, tendrá ahora más dificultades para presentar el caso y eventualmente recurrir, debido a la rigidez del sistema marcial.

Coombs basó su defensa durante la audiencia preliminar en el estado mental de Manning, quien en su opinión nunca debió tener acceso a información delicada durante su estancia en Irak.

El abogado también explicó que los superiores de Manning hicieron caso omiso de su comportamiento y sus problemas de adaptación por dudas sobre su sexualidad.

Tanto la defensa como la red de apoyo de Manning consideran que la información filtrada, que incluye cables del Departamento de Estado, vídeos y registros de las guerras de Irak y Afganistán, no puso en peligro a nadie ni fue hecha pública con el objeto de ayudar al enemigo.

Manning trabajó como analista de información en Irak desde octubre de 2009 hasta su detención en mayo de 2010, cuando un informante del Pentágono, el pirata informático Adrian Lamo, supuestamente lo delató.